Estos días se ha venido hablando de este reportaje. Mi opinión es que es un tanto burdo, contiene detalles que lo descalifican. Pero no lo invalidan. El espíritu del reportaje es el correcto: el que no quiera aprender en catalán, que se vaya (Miquel Calzada), y no se te ocurra defender los derechos de castellanohablantes (Joel Joan).
Y mucha pedagogía que no convence por parte de las diferentes asociaciones de fomento de la xenofobia (CAL, Plataforma per la Llengua, etc.). No convence porque no dicen la verdad: lo que quieren es extirpar el uso social del español en Cataluña. Que es imposible de conseguir, pero ellos lo siguen intentando.
Porque el problema no es si el español está en peligro en Cataluña, que no lo está. El español es muy fuerte en todo el mundo, y en todas las regiones de España también. El problema es que estos progres nacionalistas de padre desconocido condenan al fracaso escolar y a la marginación a centenares de miles de catalanes que tienen el español como lengua materna. Que además son más que los que tienen el catalán como lengua materna.
Según el informa PISA 2003 de la OCDE (que se cita en el documental), el fracaso escolar en zonas castellanohablantes en Cataluña es del 42,62% mientras que en zonas catalanohablantes es del 18,58%. Eso quiere decir que 2 de cada 10 niños de zonas castellanohablantes son condenados al analfabetismo funcional por el nacionalismo catalán progre.
La cuestión es si moralmente nos podemos quedar de brazos cruzados o se puede hacer algo. ¿Qué costaría crear una red de escuelas privadas en español e inglés en Cataluña, en las que también se enseñase el catalán para cumplir la ley, que salve a los niños de continuar formando los guetos de quillos ignorantes en los que les ha sumido la inmersión lingüística del nacionalismo catalán? ¿No hay sociedad civil? ¿No hay fundaciones? ¿No hay ONGs? ¿No hay empresas dispuestas a respaldar un proyecto así?
Ya sé que debería ser el Estado quien financiara todo esto, pero cuando el Estado no cumple, ahí es donde tiene que estar la sociedad civil. Aquí es donde entramos nosotros.
Estoy seguro que una iniciativa así podría recibir financiación de instituciones públicas y privadas del resto de España, para que la matrícula fuera fácil de pagar. Se trata de familias humildes y, si me permite decirlo, con el mayor respeto y conocimiento de causa, humilladas.